El ayuntamiento y sus maravillosos planes, que nunca llegan a los más necesitados

El 19 de Febrero de 2010 se presentó en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra la “Declaración del Asentamiento de la Verea”, apoyada por la familia extensa RG (chabolistas), partidos políticos y sindicatos (Comisiones Obreras, Izquierda Unida, Partido Andalucista, Sindicato Andaluz de Trabajadores), Asociaciones (Pro Derechos Humanos Andalucía, SOS racismo, Sevilla Acoge, Ecologistas en acción, Alwadi-ira, La Talega, Andaluces de Alcalá, Asociación de vecinos del Centro, Plataforma por la Tercera República, etc.), y muchas más personas que llegaron personalmente. Se han presentado más de 200 firmas de apoyo. En la Declaración se solicitaban 9 viviendas de alquiler y 9 puestos de trabajo-formación (uno por cada familia) (ver hoja de adhesiones).

Nos esperaban en la puerta del ayuntamiento los ediles de educación y formación (José Manuel Campos), la responsable de asuntos personales (Mariló Gutiérrez) y del concejal delegado de Seguridad Ciudadana (Manuel García Torres), entre otras personalidades (y numerosa policía local). Tras una reunión con ellos, nos comunicaron verbalmente su negación absoluta a todas las peticiones realizadas, añadiendo que hiciéramos lo que hiciéramos mantendrían su posición (ver acta de la reunión; noticia abc, noticia correo web).

Curiosamente en el periódico alcalareño “El Guardián” de ese mismo día 19 de Febrero, se publican los planes locales. El concejal de educación y formación anunciaba que 800 personas desempleadas podrán recibir formación gracias a los distintos planes; entre ellos la Escuela Taller Genera, que tiene justamente lo que pedimos, becas y contratos de formación con el ayuntamiento. Por lo visto ni una sola de esas plazas será para nuestro colectivo. Además anuncia el programa “Sites-.Scout”, con el objetivo de mejorar el empleo de las personas de los colectivos más desfavorecidos, pero nuevamente con sus declaraciones excluye de ellos al colectivo “más” desfavorecido (El Guardián, 19-2-2010, pag. 3).

La delegada Mariló Gutiérrez anuncia en el mismo periódico el plan para la Salud Local, que incluye especialmente la atención a los dependientes y a la desigualdad (El Guardián, 19-2-2010, pag. 4). Nuevamente nuestros disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales quedan excluidos del plan, y seguirán viviendo entre ratas, sin luz, ni agua, ni techo, ni suelo, por lo que aumentarán las desigualdades. (El Guardián, 19-2-2010, pag. 5).

Y también hay planes de viviendas, Sodinur ha sorteado 39 viviendas protegidas, para las que se han presentado 336 solicitudes. Las viviendas se han sorteado, y por supuesto a nuestras familias no les puede tocar ninguna, pues se les exige que puedan acreditar “estar en disposición de llevar una vida económica independiente de su familia”, algo que no pueden hacer, pues ningún Banco les daría un préstamo (y así entiende el ayuntamiento que la ley se justifica). (El Guardián, 19-2-2010, pag. 5).

Los actuales representantes entienden por “igualdad de oportunidades” que todos los ciudadanos pueden solicitar una vivienda, un puesto de trabajo o atención social, como cualquiera, ignorando la desventaja en la que se encuentra este colectivo, por su discapacidad, analfabetismo, marginalidad y exclusión social; paradójicamente en la ignorancia de lo fundamental fundamentan sus actuaciones.

Sin embargo, no todos entienden lo mismo por “igualdad de oportunidades”, y legalmente se recoge que es la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social (ley de igualdad de oportunidades, no discriminación, y accesibilidad universal a las personas con discapacidad, 53/2003).

La negativa rotunda de los ediles deja en mal lugar al ayuntamiento, especialmente cuando el mismo día que se publican sus maravillosos planes de vivienda, salud y empleo, se discrimina públicamente a un colectivo tan necesitado, negándoles su participación en estos planes, y rechazando además la adopción de medidas de acción positiva para compensar las desventajas.